La polémica comenzó con las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, en las cuales promovía modificar la constitución para que “El Concierno para Delinquir” fuera cambiado por el delito de Sedición, a la hora de Juzgar paramilitares. Esta modificación permitiría indultar a estos criminales.


Ante esto la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente leyó un comunicado que rechazaba la posición del Presidente.

En reacción a la declaración de la Corte, Uribe se atavió a calificar a la Suprema Corte como un obstáculo para la "paz".

La Corte Suprema de Justicia calificó las declaraciones del presidente como 'censura grave y peligrosa' además añadió: "La Sala desaprueba las acusaciones que se le han imputado como presunta obstaculizadora del proceso de paz que adelanta el Gobierno Nacional con los grupos paramilitares".

El presidente no solamente propone el indulto para los Paramilitares, un grupo armado promotor de asesinatos, extorsiones, masacres, desplazamientos e intrusión en la política y la economía; sino que también se atreve a cuestionar la Corte Constitucional y relativizar su autonomía.